Veinte años después de los primeros esfuerzos por establecer una infraestructura nacional de datos espaciales, Guatemala puede proponerse una ambición mayor: aprender continuamente de su territorio.
En julio de 2026 asistí a un taller sobre el fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala. En la sala había más de 60 profesionales de instituciones públicas, universidades y otros espacios técnicos. 15 eran graduados de Ingeniería en Administración de Tierras.
El dato puede parecer menor. Para mí condensaba una historia de más de veinte años.
Entre 2004 y 2005 fui coordinador local del proyecto NUFFIC-ITC para el impulso de esa carrera en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El punto de partida era el catastro. Guatemala comenzaba a construir una nueva institucionalidad para conocer la propiedad, ordenar derechos y reducir una incertidumbre histórica sobre la tierra.
La apuesta formativa fue más amplia. El país necesitaba profesionales capaces de relacionar la medición de la propiedad con los sistemas de información geográfica, el derecho, la valoración, la planificación y la gestión territorial. Una tesis de la propia Universidad de San Carlos recuerda que el proyecto ITC-NUFFIC hizo posible la creación de la carrera de Administración de Tierras. Desde entonces, más de 130 ingenieros se han formado en el país.
Veinte años después, una parte significativa de quienes discutían el futuro de la información geoespacial guatemalteca provenía de aquella inversión.
Ningún mapa mostraba ese resultado. Estaba sentado alrededor de la mesa.
La escena mostraba también una paradoja. Guatemala cuenta hoy con muchos más profesionales, bases de datos, unidades técnicas, observatorios y geoportales que a principios de siglo. Sin embargo, cuando una institución prepara una política de vivienda, un proyecto de infraestructura, un plan municipal o una intervención frente al riesgo, todavía dedica una parte considerable del esfuerzo a localizar información, comprobar versiones, reconciliar límites y recuperar estudios anteriores.
Guatemala observa muchas veces su territorio, pero acumula poco aprendizaje sobre él.
Ese es el problema que una nueva etapa debería resolver. La inteligencia territorial no consiste simplemente en aplicar inteligencia artificial a los mapas. Es la capacidad colectiva de observar un territorio, conservar memoria sobre las decisiones tomadas y aprender de sus resultados.
Una capacidad construida durante dos décadas
La formación de profesionales fue una pieza de una aspiración mayor.
En 2007 lideré una propuesta de ley para establecer una Infraestructura de Datos Espaciales en Guatemala. Una IDE debía permitir que la información geográfica producida por distintas instituciones pudiera encontrarse, combinarse y reutilizarse bajo reglas comunes. La prioridad estaba en definir responsabilidades, metadatos, estándares, servicios y mecanismos de intercambio.
La iniciativa legal no prosperó.
Desde SEGEPLAN tomamos entonces una vía práctica: construir parte de lo que todavía no había sido posible institucionalizar mediante una ley. El Sistema Nacional de Información Territorial, SINIT, reunió información geográfica y estadística, desarrolló servicios y acompañó los procesos de planificación territorial y municipal que se extendían por el país.
El sistema recogía avances del catastro, del Instituto Geográfico Nacional, de los sistemas sectoriales, de universidades y de otras instituciones que producían conocimiento sobre Guatemala. Su aporte consistió en relacionar esa información con el Sistema Nacional de Planificación y con decisiones que debían tomarse en los territorios. SEGEPLAN continúa definiéndolo como el espacio encargado de gestionar información sobre dinámicas sociales, demográficas, económicas y ambientales, y de ponerla a disposición mediante la Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala.
Con el tiempo se multiplicaron los nodos, visores y geoportales institucionales. También se amplió el acceso a imágenes satelitales, software libre y servicios geográficos. Un estudio de SENACYT reconstruyó parte de esa trayectoria y situó el inicio de la construcción institucional de la IDEG alrededor de 2009.
El balance no es el de un intento estéril. Guatemala sembró capacidades humanas e institucionales que siguen produciendo resultados. La reunión de 2026 era una prueba de ello.
También era la imagen de una abundancia fragmentada.
La siguiente etapa
Retomar hoy la IDEG no debería reducirse a completar tardíamente el proyecto tecnológico imaginado hace veinte años. Sus fundamentos pendientes siguen siendo indispensables: custodia, calidad, actualización, financiamiento, estándares, interoperabilidad y responsabilidades institucionales. Sin ellos, cualquier sistema de inteligencia reproducirá con mayor velocidad las inconsistencias existentes.
Pero la posibilidad tecnológica cambió.
La observación de la Tierra permite detectar transformaciones con una frecuencia antes impensable. Los modelos de inteligencia artificial comparan lugares, reconocen patrones y relacionan fuentes heterogéneas. Los grafos pueden conectar predios, comunidades, redes, instituciones, documentos, inversiones y decisiones. Las interfaces en lenguaje natural reducen la distancia entre sistemas complejos y las personas que necesitan consultarlos.
Empieza a ser posible construir representaciones del territorio que se actualicen, conserven memoria y mejoren a partir de nueva evidencia.
Ese cambio permite formular una misión nacional:
Construir la capacidad de Guatemala para comprender continuamente su territorio, aprender de sus transformaciones y coordinar mejores decisiones colectivas.
Su expresión institucional podría ser una Infraestructura Nacional de Inteligencia Territorial.
La idea de misión, desarrollada por Mariana Mazzucato, resulta útil porque organiza capacidades de distintos sectores alrededor de un desafío público y de resultados comprobables. No obliga a escoger de antemano una tecnología ni supone que una sola institución pueda producir el resultado.
En este caso, la representación compartida del territorio sería el medio. El fin sería aumentar la capacidad colectiva de actuar sobre ella.
De los datos al aprendizaje
Una IDE facilita encontrar una capa sobre establecimientos de salud. Una infraestructura de inteligencia territorial debería ayudar a comprender qué poblaciones acceden realmente a esos servicios, cuánto tardan en llegar, dónde se planificaron nuevas instalaciones, cuáles fueron ejecutadas y qué cambió después.
Una IDE permite consultar carreteras, amenazas y asentamientos. La nueva infraestructura debería relacionar esos elementos para anticipar interrupciones, identificar comunidades que pueden quedar aisladas, reconocer qué institución tiene capacidad de responder y conservar lo aprendido después de cada emergencia.
La diferencia no está únicamente en disponer de más información. Está en construir tres capacidades públicas.
Visibilidad
Ninguna comunidad, transformación o brecha relevante debería permanecer sistemáticamente fuera de la capacidad nacional de observación. Esto exige combinar fuentes nacionales, conocimiento municipal, observación remota y datos producidos por comunidades, con garantías diferenciadas según su sensibilidad.
La visibilidad incluye al propio Estado. Las divisiones administrativas muestran jurisdicciones, pero dicen mucho menos sobre la capacidad real de una institución para llegar a una comunidad, prestar un servicio, ejecutar una inversión, mantener una infraestructura o responder a una emergencia.
Dos municipios con competencias similares pueden disponer de capacidades técnicas, ingresos y conexiones institucionales radicalmente diferentes. Una representación compartida permitiría observar dónde el Estado actúa de manera continua, dónde aparece mediante proyectos intermitentes y dónde permanece distante.
Coordinación
Instituciones y municipios deberían poder discutir decisiones sobre evidencia compatible, rastreable y actualizada. El objetivo no sería imponer una lectura única del país. Consistiría en hacer visibles las fuentes, las diferencias y las consecuencias de cada interpretación.
Una carretera, un centro de salud o una inversión municipal no producen efectos aislados. Se insertan en redes de servicios, presupuestos, competencias y decisiones previas. Relacionar esas piezas permite reconocer quién puede actuar, dónde coinciden varias intervenciones y qué brechas quedan sin responsable.
Aprendizaje
Toda política o inversión territorial importante debería dejar una memoria utilizable: qué problema intentó resolver, dónde intervino, con qué recursos, qué decisiones se tomaron y qué ocurrió después.
Hoy una parte de ese conocimiento permanece dispersa en expedientes, consultorías, equipos y personas. Cuando cambia una administración o termina un proyecto, el país suele perder la posibilidad de comparar lo previsto con lo ejecutado. La inteligencia territorial debería conservar esa relación y volverla accesible para la siguiente decisión.
Observar, coordinar y aprender convierten la información en infraestructura para la acción colectiva.
Una arquitectura institucional para una posibilidad nueva
El Marco Integrado de Información Geoespacial de las Naciones Unidas, conocido como UN-IGIF, ofrece un punto de partida. Sus nueve vías estratégicas abarcan gobernanza, política y legislación, financiamiento, datos, innovación, estándares, alianzas, capacidades y comunicación. Cada país debe traducirlas en un plan de acción ajustado a sus prioridades.
La misión de inteligencia territorial utilizaría esa arquitectura y ampliaría el tipo de activos públicos que deben gobernarse. Junto con datos y servicios, sería necesario administrar modelos, inferencias y agentes; registrar la procedencia de cada respuesta; distinguir observaciones de estimaciones; proteger información sensible; auditar sesgos; y evitar que el conocimiento acumulado por el Estado quede cautivo de un proveedor.
Es una agenda exigente. También lo era construir una IDE en 2007.
La inteligencia artificial cambia la posibilidad, no la responsabilidad
En artículos anteriores he explorado distintos aspectos de esta transformación. En Geoinformación en tiempos de inteligencia artificial examiné el paso desde sistemas que entregan datos hacia sistemas que participan en la interpretación y la decisión. En GeoAI: del mapa a la inteligencia territorial abordé las nuevas representaciones espaciales capaces de aprender similitudes, relaciones y procesos. En Del poder de los datos al poder del territorio vinculé ese cambio con la capacidad pública y la desigual distribución territorial del Estado.
Un país puede contratar herramientas sofisticadas y debilitar al mismo tiempo su propia capacidad si entrega a sistemas externos la memoria, los criterios y el conocimiento institucional que necesitan para funcionar. También puede automatizar errores históricos, producir inferencias imposibles de discutir o aumentar la distancia entre municipios con equipos especializados y municipios que apenas consiguen mantener información básica.
Una infraestructura pública de esta naturaleza necesita reglas de soberanía, procedencia y explicabilidad desde su diseño. Los modelos pueden ampliar la observación y reducir el costo de relacionar fuentes. La responsabilidad de decidir qué se observa, para qué se utiliza y quién puede cuestionarlo sigue siendo política.
La comunidad profesional formada durante estas dos décadas adquiere aquí una importancia renovada. Los algoritmos no sustituyen a quienes conocen la historia de una base, las ambigüedades de un límite municipal, las condiciones en que se levantó un dato o las consecuencias sociales de una clasificación. Pueden ampliar la capacidad de esos profesionales y hacer reutilizable una parte de lo que hoy permanece disperso.
La misión necesitaría conducción pública, financiamiento sostenido y una gobernanza capaz de distribuir responsabilidades sin diluirlas. También requeriría proyectos concretos: fortalecer datos fundamentales, desarrollar modelos abiertos, crear laboratorios municipales y construir mecanismos de evaluación territorial. No tendría un único dueño tecnológico.
Observar también la geografía del Estado
Los sistemas territoriales suelen representar población, caminos, cobertura del suelo, amenazas, equipamientos y actividades económicas. Una misión nacional debería incorporar otro objeto de observación: la presencia efectiva del propio Estado.
Las divisiones administrativas muestran jurisdicciones. Dicen mucho menos sobre la capacidad real de una institución para llegar a una comunidad, prestar un servicio, ejecutar una inversión, mantener una infraestructura o responder a una emergencia. Dos municipios con competencias similares pueden disponer de capacidades técnicas, ingresos y conexiones institucionales radicalmente diferentes.
Una representación compartida permitiría examinar dónde el Estado actúa de manera continua, dónde aparece a través de proyectos intermitentes y dónde permanece distante. También permitiría observar las relaciones entre presencia pública y resultados: si una nueva carretera redujo tiempos de acceso, si un centro de salud cubre la población prevista, si una inversión municipal resolvió la brecha que justificó su aprobación.
El territorio dejaría de ser solamente el espacio sobre el cual actúan las políticas. Se convertiría en el lugar donde el Estado puede observar su propia capacidad, reconocer sus límites y aprender de sus intervenciones.
No comenzar otra vez desde cero
Al mirar el taller de 2026 pensé en la distancia recorrida desde los primeros años de la carrera de Administración de Tierras. Muchos de los profesionales presentes ocupaban ahora lugares desde los cuales producen información, forman nuevos técnicos y sostienen sistemas institucionales. Aquella apuesta había madurado de una forma difícil de anticipar en 2003.
Las plataformas envejecen. Los formatos cambian. Algunas iniciativas se interrumpen y otras reaparecen con nombres distintos. Las capacidades humanas, cuando encuentran instituciones donde ejercer, se acumulan de otra manera.
Haber participado en la formación de profesionales, en el intento legal de establecer una IDE y en la construcción práctica del SINIT me deja una convicción. Guatemala no necesita borrar esa trayectoria para entrar en la era de la inteligencia artificial. Necesita conectarla.
Cada vez que un proyecto vuelve a reconstruir desde cero una parte del país, se pierden tiempo, memoria y capacidad de comparación. La próxima etapa debería medirse por cuánto reduce esa pérdida.
Veinte años después, la misión puede formularse con mayor claridad: conseguir que Guatemala recuerde lo que sabe sobre su territorio y aprenda, de manera colectiva, de lo que hace en él.