La escasez de agua no depende únicamente de la lluvia o de las redes de abastecimiento. También revela una forma de urbanización que impermeabiliza suelos, degrada barrancos y reduce la capacidad de la ciudad para infiltrar y regular el agua.
El malestar contra el IUSI es legítimo: muchos vecinos pagan sin ver reciprocidad, trazabilidad ni servicios claros. Pero una reforma mal diseñada puede debilitar las finanzas municipales, reducir la progresividad y beneficiar a patrimonios que no necesitan alivio. Guatemala necesita reformar la Ley 15-98 con datos, catastro actualizado, alivios focalizados y justicia fiscal territorial.
En muchas ciudades de América Latina la demanda de vivienda existe, pero no se convierte en proyectos financiables. Las cooperativas urbanas pueden ofrecer una solución institucional para producir ciudad.
El turismo no es solo promoción ni marketing de destinos. Es una herramienta de transformación territorial. Cuando se articula con infraestructura, ordenamiento y gobernanza, puede convertirse en una verdadera política de Estado. Guatemala está ante esa decisión estructural.
Cincuenta años después del terremoto de 1976, el riesgo sísmico en Guatemala no puede entenderse solo como un problema estructural. Es el resultado de décadas de decisiones territoriales, urbanización informal y ausencia de reglas sostenidas en el tiempo.