De la experiencia de vivienda rural en Cajolá a la próxima frontera de las certificaciones de construcción sostenible
Hace algunos años, desde Grupo Innovaterra participamos en la evaluación ambiental de un modelo de vivienda rural sismorresistente promovido por IDESAC en Cajolá, Quetzaltenango. El encargo parecía bien delimitado: estimar la energía acumulada y las emisiones asociadas con los materiales utilizados en una vivienda construida con tierra y otros recursos disponibles en el entorno.
La hoja de cálculo comenzó a llenarse con cantidades de piedra, arena, adobe, cemento, madera, acero, lámina, vidrio y cableado. Cada material debía relacionarse con un factor de emisión y con la energía requerida para extraerlo, procesarlo y llevarlo hasta la obra. Las paredes podían observarse físicamente en Cajolá, pero una parte de su historia se encontraba dispersa entre tablas técnicas, proveedores, distancias de transporte y procesos industriales ocurridos en otros lugares.
A medida que avanzaba el estudio, el objeto comenzó a ensancharse. Detrás de la vivienda aparecían también conocimientos constructivos, jornadas de ayuda mutua, formas locales de abastecimiento, organización de mujeres, empleo comunitario y reglas públicas que dificultaban financiar una solución diferente del modelo industrial. El cálculo podía seguir los kilogramos de material. Resultaba mucho más difícil integrar aquello que había hecho posible la vivienda.
Esa dificultad no era un defecto particular de la metodología. Mostraba una frontera más general de la construcción sostenible: sabemos cada vez más sobre el desempeño ambiental de los edificios y sus componentes, mientras seguimos buscando cómo conservar la historia productiva y territorial que contienen sus materiales.
Aprender a medir edificios
La aparición de los principales sistemas de certificación ambiental transformó la manera de diseñar, construir y valorar edificios. BREEAM surgió en el Reino Unido en 1990; LEED comenzó a desarrollarse durante esa misma década en Estados Unidos; después aparecieron o se extendieron sistemas como DGNB y EDGE. Aunque sus metodologías y mercados son distintos, compartieron una contribución decisiva: convertir atributos amplios de sostenibilidad en criterios comparables y verificables.
Energía, agua, materiales, residuos, movilidad, salud interior y gestión dejaron de depender exclusivamente de declaraciones de intención. Podían incorporarse al diseño, documentarse y traducirse en una calificación. La certificación creó un lenguaje común entre promotores, arquitectos, ingenieros, financiadores y usuarios. También ayudó a que el mercado inmobiliario reconociera que el desempeño ambiental podía formar parte del valor de un activo.
Sería incorrecto, sin embargo, contar esta historia como si las certificaciones hubieran permanecido encerradas dentro del edificio. BREEAM reconoce criterios de abastecimiento responsable desde mediados de los años noventa y los relaciona con impactos ambientales, sociales y económicos a lo largo de las cadenas de suministro. DGNB ha incorporado desde su origen el análisis de ciclo de vida, el uso responsable de recursos, la facilidad de desmontaje y el reciclaje. EDGE exige actualmente reducciones mínimas en energía, agua y carbono incorporado en materiales frente a una línea base local. LEED, además de sus sistemas para edificios, ha desarrollado esquemas aplicables a barrios y comunidades.
La unidad principal de evaluación continúa siendo el proyecto construido, pero la información necesaria para evaluarlo se ha extendido. El edificio comienza mucho antes de la obra y termina mucho después de ser ocupado.
Cuando los materiales adquirieron una historia
La expansión del análisis de ciclo de vida permitió ordenar esa trayectoria. La extracción de materias primas, la fabricación, el transporte, la construcción, el mantenimiento, la sustitución y el fin de vida pueden representarse mediante etapas sucesivas. Las declaraciones ambientales de producto, conocidas como EPD, agregaron información cuantificada sobre impactos potenciales y facilitaron la comparación entre productos que cumplen funciones equivalentes.
El carbono incorporado ha aumentado la importancia de esta mirada. Durante años, la atención climática se concentró en la energía consumida durante la operación del edificio. La descarbonización de las redes eléctricas y la mejora de la eficiencia hacen más visible el peso relativo de las emisiones generadas antes de que el edificio abra sus puertas. World Green Building Council estima que los materiales y procesos de construcción representan alrededor del 10 % de las emisiones globales y promueve reducciones sustanciales del carbono incorporado durante esta década.
La pregunta por el edificio conduce entonces hacia minas, canteras, bosques, campos agrícolas, plantas industriales, rutas logísticas y sistemas de gestión de residuos. Una decisión aparentemente sencilla —elegir una estructura, una cubierta o un revestimiento— conecta el proyecto con geografías productivas que pueden encontrarse a pocos kilómetros o al otro lado del mundo.
Las certificaciones ya reconocen parte de esa geografía. El abastecimiento responsable, el análisis de ciclo de vida, las EPD, la circularidad y la trazabilidad de determinados recursos han ampliado considerablemente la calidad de la información disponible. Sin esos avances sería difícil discutir seriamente sobre carbono incorporado.
La ampliación, sin embargo, se produce mediante instrumentos diferentes. Una declaración ambiental describe impactos del producto. Una certificación de origen verifica determinadas prácticas en la extracción o producción. Un análisis de ciclo de vida calcula flujos y emisiones. La certificación del edificio reúne parte de esa información y la incorpora a la evaluación del proyecto. Cada instrumento ilumina un tramo de la trayectoria; las conexiones entre tramos siguen siendo desiguales.
Cajolá dentro de la hoja de cálculo
El estudio realizado para IDESAC utilizó un enfoque de análisis de ciclo de vida para comparar la vivienda de Cajolá con una tipología construida predominantemente con materiales industriales. Para una superficie de referencia de 37 metros cuadrados, se estimó una energía acumulada cercana a 2,511 megajulios por metro cuadrado. La tipología industrial empleada como comparación alcanzaba aproximadamente 4,852 megajulios por metro cuadrado. La diferencia rondaba el 48 %.
La huella asociada con los materiales de la vivienda y su módulo sanitario fue estimada en aproximadamente 6.43 toneladas de CO₂ equivalente. El inventario permitía reconocer dónde se concentraban los impactos. Incluso en una vivienda caracterizada por muros de adobe y uso de recursos locales, la cubierta metálica, los cimientos, las instalaciones eléctricas y otros componentes la conectaban con cadenas industriales más extensas.
La comparación resultaba reveladora precisamente porque evitaba imaginar dos mundos separados. La vivienda de Cajolá no era enteramente local ni la vivienda convencional era solamente industrial. Cada una combinaba materias primas, productos procesados, transporte, trabajo y conocimiento en proporciones diferentes. Su balance ambiental dependía de la composición concreta de esas cadenas.
El mismo estudio documentó dimensiones que no podían expresarse adecuadamente en kilogramos de CO₂ o megajulios. El modelo contemplaba 27 viviendas y una organización basada en producción social, autoconstrucción asistida y ayuda mutua. El presupuesto estimaba 60 jornales aportados por cada familia y 1,344 jornadas adicionales de cooperación colectiva. El aporte no monetario total fue valorado en alrededor de Q372,700.
Esa cifra hacía visible una capacidad comunitaria normalmente ausente del costo convencional. También planteaba preguntas incómodas. ¿Quién proporciona ese tiempo? ¿Cómo se distribuye el trabajo? ¿Qué parte recae sobre mujeres que ya sostienen tareas domésticas y de cuidado? ¿Cómo reconocer la cooperación sin convertirla en una justificación para sustituir inversión pública o trabajo remunerado?
Las entrevistas mostraban que el proceso había fortalecido organización, conocimientos constructivos y liderazgo de mujeres indígenas. También revelaban barreras de acceso a tierra, prejuicios contra el adobe, dificultades para obtener financiamiento público y reglamentos orientados hacia materiales industrializados. La vivienda tenía una huella ambiental calculable, pero pertenecía además a un sistema de relaciones sociales, culturales e institucionales que condicionaba su posibilidad de existir.
La información que se pierde entre el origen y la obra
El caso de Cajolá ayuda a entender una discontinuidad frecuente. Los impactos físicos de un material pueden seguirse mediante factores de emisión y análisis de ciclo de vida. Algunos atributos de origen pueden verificarse mediante certificaciones sectoriales. Los efectos sociales se recogen a través de diagnósticos, entrevistas o indicadores específicos. Las transformaciones territoriales suelen quedar descritas en estudios complementarios.
Al llegar al edificio, esos registros no siempre permanecen conectados.
Un producto puede presentar una huella de carbono favorable y provenir de un sistema productivo que degrada suelo o desplaza otros usos. Otro puede tener una fabricación eficiente, pero depender de largas distancias de transporte o de procesos laborales difíciles de verificar. Un material local puede reducir energía y fortalecer capacidades comunitarias, aunque su producción carezca de controles suficientes de calidad, seguridad o disponibilidad sostenida. Ningún atributo aislado permite reconstruir toda la trayectoria.
La cuestión adquiere especial importancia con los materiales biobasados. Madera, fibras vegetales, corcho, cáñamo, residuos agrícolas y otros materiales renovables ofrecen oportunidades relevantes para reducir emisiones y almacenar carbono en productos de larga duración. Su desempeño depende también del manejo del suelo, el crecimiento de la biomasa, los cambios de uso, la energía de transformación, la durabilidad y el destino del carbono al final de la vida útil.
Dos productos físicamente semejantes pueden contener historias ambientales muy distintas. La diferencia no siempre resulta visible cuando llegan a la obra.
La continuidad territorial del material
Podemos llamar continuidad territorial del material a la capacidad de conservar y verificar la información que conecta tres ámbitos: el territorio de origen, la cadena de transformación y el edificio donde el producto cumple su función.
En el territorio de origen interesa conocer la procedencia de la materia prima, las prácticas de manejo, los efectos sobre suelo, agua y ecosistemas, las condiciones de trabajo y la distribución local del valor. En la cadena de transformación aparecen energía, tecnología, productividad, residuos, transporte y controles de calidad. En el edificio importan desempeño, seguridad, duración, mantenimiento, adaptabilidad, almacenamiento de carbono, posibilidad de desmontaje y destino final.
No todos esos atributos deben integrarse en un único indicador. Tampoco parece razonable exigir a una certificación de edificios que resuelva por sí sola la evaluación completa de un territorio. La continuidad puede construirse mediante la interoperabilidad de instrumentos: inventarios, EPD, certificaciones de origen, cadenas de custodia, análisis geoespacial, sistemas de monitoreo y criterios propios de la edificación.
El cambio relevante estaría en preservar la relación entre ellos. La cantidad de carbono contenido o emitido seguiría siendo esencial, acompañada por la procedencia del producto, las transformaciones que atravesó y las condiciones bajo las cuales puede sostener su desempeño.
Algunas investigaciones recientes comienzan a explorar esa dirección. Se ha propuesto incorporar servicios ecosistémicos asociados con productos forestales biobasados dentro de evaluaciones de ciclo de vida y declaraciones ambientales. Las normas sobre EPD admiten que la información ambiental pueda acompañarse de aspectos sociales y económicos, aunque todavía no establecen una metodología integral para medirlos. Son avances incipientes, pero indican que la frontera se está moviendo.
La información que debería acompañar al material
La próxima generación de información para la construcción podría organizarse alrededor de preguntas relativamente sencillas.
¿De dónde proviene la materia prima y puede demostrarse esa procedencia? ¿Qué ocurrió con el suelo, el agua y la cobertura durante su producción? ¿Cuánto carbono se emitió, capturó o almacenó en cada etapa? ¿Qué energía utilizó la transformación? ¿Qué distancia recorrió el producto? ¿Qué capacidades y empleos produjo la cadena? ¿Cuánto durará dentro del edificio? ¿Podrá repararse, reutilizarse o reciclarse? ¿Qué ocurrirá con el carbono y los materiales cuando termine su función?
Responderlas requiere datos, pero también una arquitectura institucional. Productores, transformadores, laboratorios, certificadores, diseñadores, constructores y autoridades intervienen en distintos momentos. Si cada actor registra información incompatible o la cadena pierde trazabilidad al cambiar de escala, el edificio recibirá un producto técnicamente utilizable pero territorialmente opaco.
La experiencia de Cajolá anticipaba esa dificultad en una escala pequeña. Pudimos estimar emisiones y energía, reconocer proveedores, documentar trabajo comunitario y analizar barreras de política pública. Integrar esas dimensiones dentro de una evaluación continua habría exigido instrumentos que todavía funcionaban por separado.
Una frontera de verificabilidad
Las certificaciones de construcción han demostrado su capacidad para transformar prácticas cuando convierten aspiraciones generales en criterios verificables. La incorporación del ciclo de vida, el carbono incorporado, el abastecimiento responsable y la circularidad muestra que sus límites no son estáticos.
El siguiente avance dependerá menos de multiplicar etiquetas que de mejorar la continuidad de la evidencia. Un material debería conservar su historia ambiental mientras atraviesa el territorio de origen, la transformación, el transporte y la obra. Esa historia tendrá vacíos, incertidumbres y atributos que no pueden reducirse a una sola cifra. Hacerlos visibles ya sería un progreso importante.
En Cajolá, la hoja de cálculo terminó mostrando tanto por lo que contenía como por lo que quedaba a su alrededor. Los megajulios y las emisiones permitían comparar soluciones constructivas. Las jornadas comunitarias, los conocimientos locales, el liderazgo de las mujeres y las restricciones institucionales explicaban por qué una de esas soluciones podía existir y por qué resultaba tan difícil reproducirla.
Los edificios siempre han recibido materiales provenientes de otros lugares. La tarea pendiente es evitar que esos lugares desaparezcan de la información cuando el material llega a la obra.
Excellente base para poder definir politicas de estado buscando a favorecer productos de bajo impacto ecologico pero de alta resonancia social…