Una nueva modelación del Censo 2018 muestra que los hogares guatemaltecos acumulan necesidades de vivienda, servicios e infraestructura. Reconocer esas combinaciones permite diseñar respuestas distintas según las condiciones de cada hogar y territorio.
Una experiencia de vivienda rural en Cajolá revela cuánto queda fuera cuando la sostenibilidad de un edificio se mide solamente en energía y carbono. El origen de los materiales, sus procesos productivos y sus relaciones territoriales también forman parte de su desempeño.
El malestar contra el IUSI es legítimo: muchos vecinos pagan sin ver reciprocidad, trazabilidad ni servicios claros. Pero una reforma mal diseñada puede debilitar las finanzas municipales, reducir la progresividad y beneficiar a patrimonios que no necesitan alivio. Guatemala necesita reformar la Ley 15-98 con datos, catastro actualizado, alivios focalizados y justicia fiscal territorial.
En muchas ciudades de América Latina la demanda de vivienda existe, pero no se convierte en proyectos financiables. Las cooperativas urbanas pueden ofrecer una solución institucional para producir ciudad.