Irresponsabilidad fiscal: ¿quién defiende el IUSI en Guatemala?

Defender un impuesto nunca es popular. Defender el IUSI en Guatemala, en medio de una desconfianza profunda hacia el Estado y hacia muchas municipalidades, parece casi una provocación.

Pero cuando una reforma promete alivio tributario y puede restarle cerca de Q1,000 millones anuales a los gobiernos locales, alguien tiene que decirlo: esto no es una pequeña rebaja fiscal. Es irresponsabilidad fiscal presentada como alivio popular.

La propuesta de llevar el IUSI a una tasa plana de 3 por millar se presenta como ayuda al contribuyente, a la vivienda y al ciudadano común. Conviene aclarar algo desde el inicio: el IUSI guatemalteco dista de ser perfecto. En muchos municipios existen catastros incompletos, valores desactualizados, inequidades entre contribuyentes y problemas de transparencia en el uso de los recursos. El impuesto necesita reformas. La discusión es si esas reformas deben orientarse a fortalecerlo o a debilitarlo.

Y la propuesta suena bien. Casi todo lo que reduce impuestos suena bien en la primera frase. El problema aparece en la segunda: ¿qué pasa cuando esos recursos desaparecen de las municipalidades? ¿Quién paga la ciudad cuando se debilita una de sus principales fuentes de financiamiento propio?

Según estimaciones propias con base en la recaudación del IUSI 2025, una tasa plana de 3 por millar podría implicar una pérdida municipal cercana a Q989 millones anuales, equivalente a más de la mitad de la recaudación analizada. Si se considera la parte que podría destinarse a obras e inversión local, la pérdida ronda los Q692 millones anuales.

No es una cifra abstracta. Esa pérdida anual equivale, aproximadamente, a 15 a 25 kilómetros de corredor BRT completo, 330 buses eléctricos urbanos, casi 500 estaciones o paradas de transporte equipadas, 330 parques barriales integrales, 66 kilómetros de parques lineales o más de 1,300 canchas multiuso iluminadas.

Eso es lo que se pone en juego cuando el debate se reduce a una consigna: “bajemos el IUSI”.

El costo no desaparece

En esta discusión convergen al menos tres fuerzas: rechazo ideológico al impuesto, defensa de intereses patrimoniales y baja cultura fiscal.

La primera ve cualquier tributo como abuso, incluso cuando financia servicios locales básicos. Para esa mirada, bajar impuestos siempre es bueno, aunque no se explique qué gasto se reduce, qué servicio se deteriora o qué inversión se cancela.

Como ocurre con cualquier reducción generalizada de impuestos patrimoniales, los beneficios absolutos tienden a concentrarse en quienes poseen activos de mayor valor. Esto no implica que los hogares medios no reciban algún beneficio, pero sí que los mayores ahorros se producen allí donde existe más patrimonio inmobiliario.

La tercera es quizá la más extendida: creer que reducir un impuesto elimina un costo. Pero el costo de la ciudad no desaparece. Reaparece como bache, inundación, parque oscuro, drenaje colapsado, parada insegura, transporte precario o dependencia creciente de transferencias del gobierno central.

Menos IUSI no significa automáticamente más dinero en el bolsillo del ciudadano de a pie. Muchas veces significa simplemente peor ciudad.

¿Puede el IUSI resolver el problema de vivienda?

La defensa de la rebaja suele invocar al contribuyente común, a la familia que compra vivienda, a la persona adulta mayor, a la viuda vulnerable. Y esos casos importan. Claro que importan.

Pero si el problema es vulnerabilidad, la respuesta correcta es focalizar el alivio: vivienda principal, ingreso del hogar, capacidad de pago, diferimiento, pagos fraccionados, topes de incremento o subsidios cruzados transparentes.

Lo que no tiene sentido es usar a la persona vulnerable como escudo moral para justificar una rebaja general que también beneficia a patrimonios altos. Edad no es pobreza. Propiedad no es liquidez. Exoneración general no es justicia.

Si de verdad se quiere ayudar a quien no puede pagar, hay que identificarlo y protegerlo. Bajar la tasa para todos es otra cosa: convertir un problema social específico en un beneficio patrimonial amplio.

También se dice que bajar el IUSI ayudará al acceso a la vivienda. Ese argumento es débil. El acceso a vivienda depende mucho más del precio del suelo, la tasa de interés, el enganche, el ingreso familiar, el plazo del crédito, la infraestructura disponible y la oferta bien localizada. El IUSI pesa poco frente a la cuota hipotecaria. Reducirlo no crea suelo servido, no construye drenajes, no baja sustancialmente el precio final y no garantiza que el ahorro se traslade al comprador.

Además, los efectos de una reducción generalizada no serían homogéneos en todo el país. Una ciudad metropolitana, una ciudad intermedia y un municipio predominantemente rural enfrentan estructuras fiscales distintas y capacidades de recaudación muy desiguales. Precisamente por ello, una reforma de esta magnitud debería evaluarse también desde una perspectiva territorial.

Usar el IUSI como política de vivienda es confesar que no se tiene política de vivienda.

Una política seria de vivienda trabaja crédito, suelo, subsidios focalizados, infraestructura, densificación bien planificada, vivienda social bien localizada y transporte. No desfinancia a las municipalidades que deben sostener precisamente la ciudad donde esa vivienda existe.

La desconfianza municipal no justifica destruir el instrumento

Hay una objeción legítima: muchas municipalidades administran mal. Hay opacidad, clientelismo, baja calidad de gasto, obras de baja prioridad, poca rendición de cuentas y desconfianza ciudadana. Sería absurdo negarlo.

Pero la conclusión correcta no es desmontarlo sin cálculo. La conclusión correcta es exigir trazabilidad, presupuesto abierto, auditoría social, inversión por barrio, indicadores de mantenimiento, publicación de obras financiadas con IUSI y sanción al mal uso de recursos.

La mala gestión municipal exige más control, más transparencia y mejores mecanismos de rendición de cuentas. Pero difícilmente se corrige debilitando una de las pocas fuentes de ingresos propios disponibles para los gobiernos locales.

Un municipio sin ingresos propios no se vuelve más honesto. Se vuelve más débil. Más dependiente. Más incapaz de responder a sus vecinos. Una municipalidad sin recursos propios no se vuelve transparente por arte de magia; simplemente tiene menos capacidad para mantener calles, parques, drenajes, mercados, alumbrado y servicios.

La desconfianza hacia las municipalidades es comprensible. Pero usar esa desconfianza para vaciar el IUSI es pegarle al instrumento equivocado. Es responder a un mal administrador debilitando la herramienta que, bien usada, permite sostener la ciudad.

Competitividad sin ingresos: la contradicción

Hay otra forma de irresponsabilidad fiscal, más elegante y por eso mismo más difícil de discutir: pedir más infraestructura, más competitividad, mejores carreteras, mejores puertos, mejores ciudades, mejor logística y mayor atracción de inversión, sin preguntarse con suficiente rigor cómo se financiará la base territorial que hace posible todo eso.

Guatemala habla, con razón, de brecha de infraestructura. Se reclaman carreteras, transporte, seguridad, puertos, conectividad, parques industriales, ciudades más ordenadas y gobiernos locales más capaces. Pero esa conversación suele separarse de otra menos cómoda: la necesidad de ingresos propios, estables y trazables para financiar infraestructura local, mantenimiento urbano y servicios básicos.

El problema es que no se puede exigir ciudades competitivas mientras se debilita una fuente local que financia calles, drenajes, alumbrado, parques, transporte y mantenimiento urbano.

La contradicción se vuelve más evidente cuando se invocan los informes internacionales. Cada vez que una calificadora mejora la nota soberana o el FMI reconoce la estabilidad macroeconómica de Guatemala, el país lo celebra como señal de seriedad económica. Tiene sentido hacerlo. Pero esa lectura queda incompleta si se ignora la otra mitad del mensaje.

No porque los organismos internacionales tengan razón por definición, sino porque resulta llamativo observar hacia dónde apuntan sus diagnósticos. El FMI, en su consulta de Artículo IV de 2025, reconoce la estabilidad macroeconómica de Guatemala, pero también subraya la necesidad de fortalecer la movilización de ingresos, mejorar la eficiencia del gasto, la planificación presupuestaria y la gestión financiera pública. El propio reporte advierte que recortar infraestructura y gasto social para sostener el ajuste fiscal sería equivocado; el énfasis debe estar en movilización de ingresos y mejor uso de los recursos.

El mensaje no es “bajen impuestos locales”. Es más incómodo: recauden mejor, gasten mejor y cierren brechas de infraestructura.

¿cómo puede Guatemala aspirar a mayor inversión, mejores ciudades y más infraestructura si al mismo tiempo debilita una de las pocas fuentes de financiamiento propio de sus gobiernos locales?

La respuesta obliga a mirar una tensión de fondo. Queremos infraestructura para reducir costos logísticos, seguridad jurídica para invertir, municipios capaces para ordenar suelo, transporte para movilizar trabajadores y servicios urbanos que sostengan la vida económica. Pero todo eso requiere financiamiento permanente, no solo diagnósticos correctos.

Ahí el debate sobre el IUSI revela su verdadero carácter. No es solo una discusión técnica sobre tasas. Es una discusión sobre quién paga la ciudad que todos dicen necesitar.

Si el país necesita más infraestructura, menos informalidad, mejores ciudades y mayor inversión, debilitar la base fiscal municipal es caminar en sentido contrario. Una tasa plana de 3 por millar no es una estrategia de competitividad. Es una transferencia silenciosa desde la ciudad hacia los propietarios de activos.

La verdadera agenda de competitividad no debería ser menos IUSI. Debería ser mejor IUSI: más catastro, mejores avalúos, menos evasión, alivios focalizados para hogares vulnerables, transparencia del gasto municipal y trazabilidad de cada quetzal hacia obras visibles.

La inversión privada no llega solo por discursos de mercado. Llega donde hay infraestructura, servicios, orden urbano, movilidad, seguridad y gobiernos locales capaces. Y todo eso cuesta.

La ciudad competitiva no se financia con silencios. Se financia con ingresos propios, gasto transparente y responsabilidad fiscal.

Calles, drenajes, alumbrado, parques, movilidad, espacio público e infraestructura verde no son gastos excepcionales. Son obligaciones permanentes. Por eso requieren fuentes permanentes de financiamiento. Cuando los ingresos disminuyen, las obligaciones no desaparecen; simplemente se acumulan.

¿Quién defiende el IUSI?

Por eso la pregunta incómoda es: ¿quién defiende el IUSI?

Deberían defenderlo los alcaldes responsables, porque sin ingresos propios no hay autonomía municipal real. Pero muchos callan porque defender un impuesto tiene costo político.

Deberían defenderlo los urbanistas, porque saben que la ciudad no se sostiene con discursos sino con infraestructura, mantenimiento, movilidad, espacio público y suelo servido.

Deberían defenderlo quienes trabajan en vivienda, porque no hay vivienda accesible sostenible sin ciudad financiada alrededor.

Deberían defenderlo los ambientalistas urbanos, porque drenajes, parques, arbolado, mitigación de calor, manejo de escorrentías e infraestructura verde necesitan recursos locales estables.

Deberían defenderlo quienes creen en descentralización, porque la descentralización sin ingresos propios es apenas una consigna administrativa.

Y deberían defenderlo incluso quienes desconfían de las municipalidades, porque la alternativa no puede ser dejar a la ciudad sin recursos, sino obligar a que cada quetzal se vea, se mida y se audite.

Defender el IUSI no significa defender municipalidades opacas. Significa defender una idea básica: quien se beneficia del valor de la ciudad debe contribuir a sostenerla.

Las inversiones públicas aumentan el valor privado de los inmuebles. Una calle pavimentada, un parque, una estación de transporte, una red de drenaje o una mejora urbana elevan el valor de propiedades cercanas. Sin un predial efectivo, esa plusvalía queda privada mientras el mantenimiento lo paga toda la comunidad.

Se produce entonces una tensión conocida en economía urbana: una parte importante de la valorización privada depende de inversiones financiadas colectivamente, mientras los costos de mantenimiento siguen recayendo sobre la ciudad.

El IUSI, bien diseñado, permite recuperar una parte mínima de ese valor para sostener la ciudad. No es un castigo a la propiedad. Es una contribución básica al mantenimiento del territorio urbano.

La responsabilidad fiscal también se legisla

La irresponsabilidad fiscal no siempre llega con grandes déficits, endeudamiento descontrolado o presupuestos imposibles. A veces llega con una rebaja aparentemente simpática, presentada como alivio, pero sin memoria de cálculo, sin estimación de impacto municipal, sin compensación financiera y sin explicar qué obras, servicios o inversiones se van a dejar de hacer.

Eso también es irresponsabilidad fiscal.

Si una reforma puede reducir cerca de Q989 millones anuales de ingresos municipales, no basta con decir que se está ayudando al contribuyente. Quien la propone tiene la obligación política y técnica de responder preguntas básicas: ¿cuánto perderá cada municipio?, ¿qué fuente reemplazará esos recursos?, ¿qué obras se van a posponer?, ¿qué servicios se van a deteriorar?, ¿qué mecanismos protegerán a los hogares vulnerables sin regalar alivios patrimoniales a quienes no los necesitan?

Legislar sin responder esas preguntas no es valentía política. Es trasladar el costo a otros.

Porque la rebaja se decide en el Congreso, pero sus consecuencias se viven en el barrio. El diputado puede votar el aplauso; el vecino recibirá el bache, la inundación, la parada oscura, el parque sin mantenimiento o la municipalidad más dependiente del gobierno central.

La responsabilidad fiscal no consiste solo en no endeudarse. También consiste en no reducir capacidades fiscales sin decir cómo se financiarán las obligaciones permanentes de la ciudad.

Menos IUSI no es reforma: es menos ciudad

El IUSI guatemalteco necesita reforma. Pero una reforma seria no empieza por debilitarlo. Empieza por mejorar catastro, actualizar avalúos, ampliar cobertura, reducir mora, ordenar exenciones, transparentar uso de recursos y focalizar alivios sociales.

El problema del IUSI no es que sea demasiado fuerte. Es que está subutilizado, subvaluado y mal administrado.

La reforma correcta no es menos IUSI. Es mejor IUSI.

Mejor IUSI significa que pague más quien más patrimonio tiene, que se proteja a quien realmente no puede pagar, que se desincentive la retención especulativa de suelo, que se actualicen valores artificialmente bajos, que se cobre con reglas claras y que el vecino pueda ver en qué se usó su contribución.

Lo contrario, una tasa plana baja y generalizada, no es justicia fiscal. Es una rebaja ciega. Y las rebajas ciegas suelen tener beneficiarios muy visibles cuando se mira con cuidado: quienes poseen más, quienes retienen más, quienes especulan más y quienes prefieren una ciudad financiada por otros.

El ciudadano de a pie no será necesariamente el gran ganador de esta reforma. Puede terminar pagando sus consecuencias.

Pagará con calles deterioradas. Con drenajes insuficientes. Con parques abandonados. Con menos alumbrado. Con paradas inseguras. Con transporte que no mejora. Con municipalidades más dependientes del gobierno central. Con una ciudad que vale menos para vivir, aunque algunos inmuebles sigan valiendo más para acumular.

Menos IUSI no es más vivienda. Menos IUSI no es más justicia. Menos IUSI no es más ciudad.

Es menos municipio, menos mantenimiento y menos capacidad de inversión local.

La pregunta final no es si nos gustan las municipalidades. Muchas veces no nos gustan, y con razón. La pregunta es si queremos corregirlas o vaciarlas. Si queremos exigirles resultados o dejarlas sin herramientas. Si queremos una ciudad financiada con reglas claras o una ciudad que se deteriora mientras celebramos una rebaja.

La discusión de fondo no es cuánto nos gusta el IUSI. La discusión es cómo financiamos la ciudad que decimos querer. Porque las ciudades no se sostienen únicamente con inversión privada, diagnósticos o buenas intenciones. Se sostienen con instituciones, reglas y recursos. Y cuando esos recursos desaparecen, la factura no desaparece con ellos. Simplemente llega más tarde.

Defender el IUSI no es defender un impuesto. Es defender la posibilidad mínima de financiar ciudad.